Cerco al ladrillo.
Desde 2002, el Gobierno andaluz ha aprobado planes y normas más restrictivas para acabar con la especulación
Las dos premisas básicas son: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Así se evitará el desarrollo desmesurado que han experimentado muchos pueblos sin que los servicios mejoren al mismo ritmo.
No obstante, el Gobierno andaluz ha avisado que será flexible para que ningún proyecto que sea de interés general se quede fuera. Se estudiará caso a caso. Aunque parezca restrictivo, este margen no es poca cosa: el plan territorial andaluz contempla la construcción 700.000 viviendas asequibles en Andalucía en la próxima década.
La otra pata del patrón es
A finales de 2005, el pleno del Parlamento aprobó una proposición del PSOE sobre modificación de ley de Medidas para
Segundo cambio
Otra modificación es que en el caso de que el Plan General de Ordenación Urbana exima total o parcialmente de la obligación de reservar, al menos, el 30 por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas de protección, deberá prever su compensación en el resto de las áreas y asegurar su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.
En mayo de 2006 se aprobó otra modificación introducida por el PSOE. Por segunda vez en su corta vida,
La norma dice que se debe garantizar superficie suficiente para equipamientos y servicios adecuados a la población, con lo que se reservará el 30 por ciento de la edificabilidad de cualquier tipología residencial, incluyendo la de VPO, pero dejando a los ayuntamientos que decidan en sus planes generales su localización. La nueva normativa también fija que el 51% del suelo edificable en las zonas turísticas se debe dedicar a hoteles.
La ira de los propietarios -que se han constituido en asociación y que tratan de negociar con