BIENVENIDA
Nicolás María López Calera

Catedrático de Filosofía del Derecho (Universidad de Granada)

Es difícil entender el alto nivel de preocupación que manifiestan determinados padres y jefes religiosos por la implantación de la asignatura 'Educación para la ciudadanía'.
 

Sobre todo llama poderosamente la atención que estén tan desmesuradamente preocupados por esta medida de política educativa. Puede ser que esa preocupación entre dentro del juego de la crispación creciente a que nos vemos sometidos. En todo caso, no han estado igualmente preocupados por otros males educativos que afectan a sus hijos. Si lo que les preocupa es el destino moral de sus hijos, podían haber tenido una preocupación igualmente desmesurada frente a otras instancias de socialización y de mala educación en la que viven sus hijos y que muchos de esos grupos de padres y jefes religiosos consienten e incluso muchas veces fomentan. ¿Cuándo se han preocupado por lo que se enseña en otras numerosas asignaturas que también afectan a la educación moral y cívica de los escolares? ¿Cuándo se han lanzado a objetar en conciencia, con similar furia a la de ahora, tantas y tantas enseñanzas deleznables que la cultura del consumo y del capitalismo dominante meten por todas las rendijas de nuestras familias? ¿Qué religión es esa que se asusta de una asignatura que va a enseñar valores y principios democráticos?

 

Porque muchos de los hijos de esos padres tan preocupados por la nueva asignatura son ya unos maleducados en ciudadanía, en el poco respeto a los derechos de los demás, a sus profesores, a las personas de otro género e incluso a los mismos bienes públicos. Incluso abandonan las iglesias no porque hayan seguido una asignatura de 'Educación para la ciudadanía' que prácticamente empezó ayer, sino porque están siendo educados en la ideología de la productividad, del número uno, de las marcas de diseño, del consumo desaforado, del 'carpe diem', de los silencios logrados con los regalos demandados. Los hijos maleducados del botellón no nacieron por culpa de una asignatura que no existía hasta hace unos días. Puestos a ironizar, no creo que la nueva asignatura los fuera a mal educar más. Se equivocan de enemigo.

 

Además, en el plano jurídico, creo que esos padres y eclesiásticos han perdido el horizonte de lo razonable. Apelar a una supuesta objeción de conciencia, que no existe en el derecho español, salvo para dos casos concretos (objeción al servicio militar y la cláusula de conciencia en los medios de información) y de manera indirecta en los casos de aborto terapéutico para los profesionales de la medicina, es un despropósito que indica que han perdido no solamente el norte, sino también el sur. Es cierto que la Constitución para Europa reconocía el derecho a la objeción de conciencia, pero «de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio». En todo caso lo que el sentido común, la teoría y las legislaciones vigentes en todos los países civilizados dicen es que una sociedad no podría funcionar si existiera una genérica objeción de conciencia como esa que esgrimen como su mejor arma estos grupos de padres de familia y de eclesiásticos. Si cada cual no cumpliera las leyes que, en su opinión, van contra su conciencia, la sociedad sería un caos. Como ya se ha dicho, podrían haberse acogido a lo que se llama técnicamente una 'desobediencia civil', que es un acto publico, no violento, hecho en conciencia, contrario a la ley y realizado con intención de producir un cambio en las leyes de un gobierno y con la aceptación sin resistencia de las penas consiguientes para demostrar que es en conciencia y sincera esa desobediencia (J. Rawls). La desobediencia civil puede ser el modo coherente y serio de oponerse a las leyes que alguno o algunos pueden considerar gravemente injustas. Lo que no vale es la simpleza ética y jurídica de 'me opongo porque va contra mi conciencia', entre otras cosas porque la ley que implanta esta asignatura no es simplemente una ley. Franco y Hitler también hicieron leyes. Es una ley legítima y justa, porque la ha aprobado el Parlamento de un Estado democrático. Una ley aprobada por procedimientos democráticos engendra legitimidad (J. Habermas).

 

Nadie discute el derecho de los padres a la educación de sus hijos, pero no debe olvidarse que ningún derecho fundamental es absoluto. El Estado también tiene sus derechos. El Estado tiene el derecho de fomentar una educación común basada en los valores y principios que integran una Constitución democrática. El Estado tiene el derecho y el deber de expandir esa ética mínima que permita a todos vivir en una sociedad democrática, tolerante y solidaria, una ética que, desde luego, da enorme juego para la pluralidad y la diversidad de creencias religiosas y morales positivas. Los contenidos de esa asignatura pertenecen, globalmente considerados, a una ética cívica o pública común que en nada contradice las morales positivas de las religiones vigentes. Y si las contradijera, tal vez habría que ir pensando que lo que se tenía que prohibir no sería esa asignatura, sino esas religiones que no son capaces de asumir los ideales éticos y democráticos de una sociedad civilizada del siglo XXI.

 

Una precisión importante. Este derecho del Estado no es una facultad que se atribuye el Estado a sí mismo, sino que es una parte de ese 'encargo' genérico que la sociedad civil hace al Estado democrático para que la corrija, la ordene y, por tanto, la eduque a fin de que esa sociedad pueda estar más cerca del modelo de convivencia que una Constitución democrática ha establecido. No se trata de imponer una determinada ideología política, sino de expandir, a determinados niveles de la educación, esa moral básica que debe estructurar un orden social para que éste no sea fruto de la simple coacción de las leyes. No se trata, pues, de adoctrinar a los niños y a los adolescentes en una moral socialista, sino sencilla y llanamente de que aprendan que hay unos valores y unos principios morales democráticos que son de todos sin distinción de religiones ni ideologías. La escasa tradición democrática de nuestro país obliga, con más motivos, a considerar la necesidad de esta asignatura.

 

Hace ya muchos años que Norberto Bobbio escribía que una de las promesas incumplidas de la democracia era precisamente la falta de una «educación para la ciudadanía», que es la que puede permitir, decía, que florezca entre la ciudadanía el «amor a la cosa pública» y que haya ciudadanos activos, no ciudadanos dóciles e indiferentes, más preocupados de los beneficios que pueden obtener del sistema político que del compromiso en la articulación de demandas y decisiones auténticamente democráticas.

 

Como no hay una matemática moral, pienso que esa enseñanza de valores y principios democráticos no tiene que ser exactamente igual en todos los centros. No hay catecismo estatal. Por eso hay ya varios manuales de esta asignatura que no coinciden al cien por cien en lo que ha de entenderse 'hic et nunc' por esos valores y esos principios. Cada centro puede perfectamente matizar los contenidos de esta asignatura sin negar sus contenidos básicos.

 

La implantación de esta asignatura me recuerda una vieja y conocida anécdota referida al segundo de a bordo de la dictadura, el almirante Carrero Blanco. Cuentan que una vez fueron a proponerle una exposición del pintor malagueño Pablo Picasso. El almirante se opuso rotundamente. Los organizadores le argumentaron que era un pintor genial y mundialmente reconocido, si bien reconocían que era comunista. El dictador bis contestó lo siguiente: «no es un pintor comunista, sino es un comunista que pinta». Y, por supuesto, no hubo exposición. Con la asignatura en cuestión pasa tres cuartos de lo mismo. No es una asignatura que atenta contra los derechos de los padres, ni contra el destino eterno de los escolares. No es una ley mala porque enseña cosas malas, sino porque es socialista.


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