Cerco al ladrillo.

Desde 2002, el Gobierno andaluz ha aprobado planes y normas más restrictivas para acabar con la especulación

La Ley de Suelo, unida a ese plan de nombre que espanta (el POTA), han formado un corsé que ha metido en cintura el urbanismo. Sus restricciones -para algunos colectivos demasiadas- han echado por tierra las pretensiones expansionistas de muchos municipios que se habían puesto en brazos del ladrillo.

Las dos premisas básicas son: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Así se evitará el desarrollo desmesurado que han experimentado muchos pueblos sin que los servicios mejoren al mismo ritmo.

No obstante, el Gobierno andaluz ha avisado que será flexible para que ningún proyecto que sea de interés general se quede fuera. Se estudiará caso a caso. Aunque parezca restrictivo, este margen no es poca cosa: el plan territorial andaluz contempla la construcción 700.000 viviendas asequibles en Andalucía en la próxima década.

La otra pata del patrón es la Ley de Suelo, una norma que entró en el Parlamento en la primavera de 2002, después de cinco años de gestiones. No contó con el voto del PP, que promovió una enmienda a la totalidad. La antigua, la bautizada como Ley-puente de Suelo, fue aprobada por el Gobierno andaluz en 1997 para un periodo transitorio de un año.

A finales de 2005, el pleno del Parlamento aprobó una proposición del PSOE sobre modificación de ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, donde se recogía la retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos que incumplan la legalidad. Entre las modificaciones que introdujo la iniciativa socialista destacan la extensión de la obligación de reservar el 30 por ciento del suelo de la edificabilidad residencial aún en las denominadas 'residencias turísticas', con el objetivo de garantizar suelo suficiente para dotaciones, equipamientos y servicios adecuados a la población.

Segundo cambio

Otra modificación es que en el caso de que el Plan General de Ordenación Urbana exima total o parcialmente de la obligación de reservar, al menos, el 30 por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas de protección, deberá prever su compensación en el resto de las áreas y asegurar su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.

En mayo de 2006 se aprobó otra modificación introducida por el PSOE. Por segunda vez en su corta vida, la Ley de Vivienda Protegida y Suelo fue sometida a votación en el Parlamento autonómico. El Gobierno andaluz decidió modificar la norma, que había entrado en vigor en diciembre de 2005, ante el revuelo y polémica que causó entre los promotores urbanísticos la definición que la ley hacía del uso del suelo turístico.

La norma dice que se debe garantizar superficie suficiente para equipamientos y servicios adecuados a la población, con lo que se reservará el 30 por ciento de la edificabilidad de cualquier tipología residencial, incluyendo la de VPO, pero dejando a los ayuntamientos que decidan en sus planes generales su localización. La nueva normativa también fija que el 51% del suelo edificable en las zonas turísticas se debe dedicar a hoteles.

La ira de los propietarios -que se han constituido en asociación y que tratan de negociar con la Junta- se centra en los requisitos y límites que la ley establece para la venta de sus viviendas protegidas. Los límites se refieren al precio, a los años que han de transcurrir para la venta y al derecho de retracto y de tanteo de la Junta en algunos casos. Para evitar el fraude, la ley obliga a los notarios a informar a la Administración de cualquier contrato de compraventa de una vivienda protegida.


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